Por Pablo Pareja Ferrer

El derecho a la libre expresión se encuentra seriamente amenazado en España. No solo por la aprobación de medidas sancionadoras que lo restringen, como el art. 510 CP, sino, sobre todo, porque se ha interiorizado, como parte del ethos social y político, que es legítimo excluir determinados planteamientos ideológicos del debate público. Y, por consiguiente, que hay que impedir, mediante acciones de “resistencia”, que puedan ser expresados libremente, pues –se afirma– no cabe la tolerancia con los intolerantes, evidenciando una deficiente comprensión de la paradoja de la tolerancia defendida por Karl Popper (el filósofo austriaco identificaba como intolerantes a quienes utilizaban la violencia como argumento, no a quienes argumentan racionalmente).

Un episodio reciente permite ilustrarlo. La escritora argentina Ariana Harwicz fue invitada a participar en el Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades (“Cultur.Alh”), organizado por la Universidad de Granada. Pero tres días antes del comienzo del evento, y aunque su intervención constaba en el programa oficial, la autora comunicó en su cuenta de la red social X que las organizadoras habían cancelado su intervención debido “a la presión de militantes”. Ariana se ha significado públicamente como una defensora del Estado de Israel en el conflicto palestino-israelí, negándose en reiteradas ocasiones a condenar la actuación del gobierno de Israel o a posicionarse en favor de la liberación de Palestina (Free Palestine). Conocidos los hechos, como suele ocurrir en las redes sociales, se ha desatado el debate, que, en realidad, no versaba solo sobre este caso, sino sobre el movimiento cultural de la cancelación, uno de los fenómenos que mayor incidencia tiene en las democracias occidentales. El asunto ha adquirido una dimensión mayor cuando personas con notoriedad pública, como los periodistas Antonio Maestre o Ana Iris Simón, han apoyado públicamente la decisión de las organizadoras del Festival.

El alto número de interacciones que ha generado esta polémica en redes sociales podría conducir a una conclusión optimista: la sociedad española sigue teniendo vigor, y la opinión pública no está tan adormecida como se podría pensar. Sin embargo, también cabe una lectura en clave pesimista: el ánimo y la tendencia, mostrado por muchos usuarios –incluidos profesionales de la comunicación–, a excluir del debate público a personas que defienden ideas contrarias pone de manifiesto que la defensa de los derechos fundamentales y, en especial, del derecho a la libre expresión sigue sin estar arraigada en la sociedad española. Como ha reiterado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «es precisamente cuando se presentan ideas que ofenden, chocan o perturban el orden establecido cuando la libertad de expresión es más preciosa» (STEDH Otegi Mondragón c. España, par. 56). Defender el derecho a la libre expresión no es solo defender la posibilidad de expresarse, sino permitir que otros lo hagan, incluso cuando haciéndolo nos hieran, nos molesten o nos inflijan dolor.

Este déficit de arraigo social de la importancia del derecho a la libre expresión como pilar básico de las democracias ha encontrado en el discurso de odio un eficiente aliado. La carga disvaliosa que posee la propia expresión “discurso de odio” ha propiciado su instrumentalización como medio de silenciamiento de opiniones heterodoxas o divergentes. Ante cualquier planteamiento que cuestione algunas de las ideas o dogmas que se interpretan como “políticamente correctas”, inmediatamente se lo cataloga como un discurso de odio frente al que se deben adoptar todas las medidas necesarias –como retirar la invitación a participar en un festival– para evitar que sea expresado. De esta forma, lo que era una expresión que designaba a quienes expresaban públicamente un sentimiento incitativo de odio contra colectivos sociales, se ha convertido en un arma al servicio de los que odian a quienes argumentan y expresan ideas contrarias a las consideradas incuestionables por el colectivo mayoritario, que lo es, precisamente, por poseer la capacidad para excluir determinados planteamientos del debate público.

Urge, pues, desvincular al discurso de odio de instrumentalizaciones con fines ajenos a su finalidad –que es meramente descriptiva–, lo que exige, como primer paso, volver sobre la definición del mismo. Es una tarea ineludible en la defensa de la democracia.