En el Proyecto de investigación «Bases para la recuperación de la concordia en España» se desarrollan las siguientes líneas de investigación:

1. Aproximación al concepto de “concordia”. Esta línea de investigación parte de la hipótesis de que las investigaciones sobre la política que se han desarrollado en los últimos tiempos han supuesto una aproximación propia de las ciencias sociológicas. Las categorías políticas actuales serían, pues, insuficientes para captar el núcleo del fenómeno político en el que se halla la “concordia”. En esta línea se desarrolla también la relación entre la nación y su dimensión proyectiva y la propia noción de “concordia”. La hipótesis es que si la actividad política es eminentemente práctica, acción común, la concordia debe lograrse mediante la configuración de proyectos nacionales que sólo lograrán la adhesión de los ciudadanos si son coherentes con la historia nacional.

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2. Derecho y concordia. Esta línea de investigación parte de la hipótesis, basada en una fuerte evidencia, de que, en la actualidad, en España se asiste a un proceso de degradación de la ley y, quizá, también de la práctica del Derecho. Se debe atender prioritariamente al fenómeno denominado por Pedro Serna “políticas de diseño” estrechamente unido a lo que Pablo De Lora califica como “leyes santimonia”. Esta investigación se fundamenta en una concepción del derecho como actividad práctica que se realiza gradualmente y en la que se pueden identificar diferentes tareas complementarias. En concreto, interesa investigar especialmente si la instrumentalización del Derecho por parte de colectivos minoritarios puede estar favoreciendo la discordia en tanto se destaca lo fragmentario, aquello que divide, y se oscurece todo aquello que interesa a la gran mayoría de los ciudadanos, pero que, sin embargo, no es atendido por el legislador. Esta utilización del derecho por parte de minorías con capacidad de influir en lo que se legisla se manifiesta especialmente en el fenómeno de los “nuevos derechos” que conviene analizar desde la perspectiva de su relación con la creciente discordia.

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3. Poder digital y concordia. La aparición de internet y el desarrollo de la tecnología en el ámbito de las comunicaciones está conduciendo a que nuestra sociedad sea cada vez más una sociedad “digital”. En esta realidad algunos actores están alcanzando un enorme poder que no siempre resulta fácilmente visible, y que tiene efectos muy destacados en la estructura social y, por tanto, también en la praxis política y jurídica. Esa es la hipótesis de partida en esta investigación que deberá prestar especial atención a fenómenos como la creciente atomización social en la que el “otro” es, pese a su presencia, en la mayor parte de ocasiones “virtual”, cada vez más un extraño con el que cuesta establecer vínculos. En la medida en que la proximidad que facilita la acción común está en la raíz de la “concordia”, es necesario dedicar atención a examinar cómo el poder digital altera la convivencia en sus múltiples facetas y pone en riesgo la concordia.

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4. Concordia y medios de comunicación. Los medios de comunicación han experimentado una profunda transformación en las últimas décadas con la llegada de internet. La profesión periodística afronta enormes retos cuya superación requiere un firme compromiso deontológico que debe tener como punto de apoyo una vocación basada en la fidelidad a la verdad, a la independencia y a la autenticidad. En la lucha contra la mentira los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, porque tienen la posibilidad no sólo de hacer pasar por verdadero lo falso, sino también de otorgar una difusión altamente peligrosa a bulos y mentiras que pueden generar todo tipo de problemas hasta el punto de afectar en última instancia a la concordia. Pocas cosas son hoy tan importantes en nuestra sociedad como examinar cómo debe organizarse la lucha contra la mentira respetando los derechos fundamentales a la libre expresión e información. Junto a ello, es capital un periodismo independiente que no sólo no se convierta en correa de transmisión de las consignas de los partidos políticos. Hoy es habitual que determinados medios o profesionales de la información se conduzcan con un preocupante sectarismo que les impide cumplir su función social. Constituye, pues, el objeto de esta línea de investigación examinar cómo el funcionamiento de los medios de comunicación y de sus profesionales está contribuyendo a la polarización política que favorece la discordia. En el marco de esta línea de investigación se engloba, de manera específica, el análisis comparativo del papel de los medios de comunicación en la década de la Transición (1976-1986) y en la década actual (2016-2026) como generador de concordia en la sociedad y entre la clase política.

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5. Concordia y discursos de odio. Aunque se respete el requisito de la veracidad de una información o incluso las opiniones se expresen sin recurrir al insulto, el rechazo al “otro” en general o al adversario político en particular es una posibilidad que, en principio, permite el ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión. Cuando ese rechazo se justifica apelando a la pertenencia de un individuo a un colectivo vulnerable, se habla de discursos de odio. La vigorosa defensa del derecho a la libre expresión que había consagrado el Tribunal Constitucional a lo largo de su trayectoria se vio interrumpida bruscamente con ocasión de la STC 177/2015, de 22 de julio. A ello ha contribuido también una concepción de los derechos fundamentales que admite pacíficamente que puede haber situaciones que justifiquen la restricción de los derechos fundamentales, en línea con los planteamientos de Alexy. Ese mismo año, 2015, se modificó el Código Penal para sancionar los denominados delitos de odio, algunas de cuyas conductas típicas podían considerarse manifestaciones lícitas del derecho a la libre expresión. La proscripción de determinados discursos en principio puede justificarse con el fin de proteger a colectivos vulnerables y robustecer así la concordia básica de la comunidad política. Sin embargo, como recuerda Cicerón o el propio Ortega, el disenso no pone necesariamente el riesgo la concordia, sino que incluso puede fortalecerla. En nuestros días parece que determinados temas o posicionamientos ideológicos son un “tabú”, y aquel que osa manifestarse en contra de determinadas opiniones es víctima de la influencia que determinados grupos tienen para poner en marcha campañas de desprestigio y/o acoso al discrepante. Por esta razón, desde esta línea de investigación se examina en qué medida hay que renovar el compromiso con la defensa sólida del derecho a la libre expresión o si, por el contrario, se considera que la concordia pasa por erradicar del debate público determinados discursos y terminar de operar una mutación constitucional que haga de España una “democracia militante”.

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6. La concordia y el “régimen del 78”. Esta línea de investigación está centrada en el análisis de la polarización política existente en estos momentos en España y en investigar en qué medida dicha polarización es debida a una crisis nacional y/o del marco institucional. La primera tarea será tratar de identificar el origen de la discordia reinante en el terreno político. Para ello, en primer lugar, se acudirá al Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados para estudiar los debates de investidura de los presidentes del Gobierno desde el comienzo de la Transición. Se prestará particular atención al lenguaje empleado y a todo aquello que refleje un rechazo del adversario político. Este estudio puede conducir a alcanzar conclusiones respecto al avance de la polarización política en España y, quizá, también a identificar sus causas. En segundo lugar, se pretende investigar si el marco institucional de la Constitución de 1978 ha permitido que la discordia se abra paso en España, o si más bien podría sostenerse que la Constitución no sólo ha demostrado su eficacia a la hora de impedir que la discordia se manifestara mucho antes y, además, de forma más intensa. En particular, interesa verificar la hipótesis de que una de las principales causas de la discordia reinante es debida a la capacidad que el actual sistema electoral otorga a los partidos de ámbito regional para condicionar la gobernabilidad del Estado.

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